Siempre que se le preguntaba a Claudio Arrau por su mayor logro como pedagogo, su mirada se ensombrecía y nombraba con evidente desazón en su voz a un tal Karlrobert Kreiten como su alumno más talentoso, aquel que habría sido su mayor orgullo como profesor. El 3 de mayo de 1943 este joven pianista alemán de 27 años de edad había sido arrestado por la Gestapo en Heidelberg pocas horas antes de ofrecer un concierto, tras una denuncia de haber insinuado en una conversación privada que la guerra estaba perdida para Alemania. Todos los esfuerzos por salvarlo, incluso por parte de grandes personalidades artísticas como Wilhelm Furtwängler, fueron inútiles: el 7 de septiembre Kreiten fue colgado en Plötzensee junto a otros 186 disidentes. Karlrobert Kreiten no era ni judío, ni homosexual, ni gitano, ni perteneciente a ninguno de los grupos que el régimen nacionalsocialista solía perseguir, su único crimen había sido emitir un juicio que contradecía la verdad oficial que el Estado había establecido.
Siete años antes en Moscú otro joven músico había sido víctima de los caprichos de un Estado todopoderoso. Dmitri Shostakovich, en ese entonces de tan sólo 29 años, observaba desde lejos y con horror durante una de las funciones de su ópera “Lady Macbeth” como el líder supremo Joseph Stalin arrugaba su rechoncha cara en su palco cada vez que sonaban los bronces. La devastadora crítica que aparecería al día siguiente en el Pravda (el diario oficial del régimen y cuyo nombre se traduce literalmente como “la verdad”) pondría un fuerte freno a la que hasta ese momento se vislumbraba como una de las carreras musicales más promisorias de la Unión Soviética. Shostakovich se convirtió de un día para otro en un paria y desde entonces lo acompañó el constante miedo de ser enviado a los Gulag simplemente porque su música se oponía a los cánones que el Estado había establecido como los únicos verdaderos. Se dice que vivía con una maleta empacada al lado de la puerta, listo para partir cuando la policía inevitablemente lo viniera a arrestar.
Tal como ilustran estos dos casos de manera ejemplar, darle al Estado la facultad para establecer “verdades oficiales” conlleva grandes riesgos. Es precisamente esto lo que se pretende hacer cuando se crean leyes contra el negacionismo como la que se ha estado discutiendo durante estos días en el Congreso chileno. Las leyes contra el negacionismo sancionan con multas o incluso encarcelamiento a quienes nieguen hechos trágicos del pasado, en este caso específico a quienes negaren los crímenes y atrocidades de la dictadura chilena. Más allá de las supuestas buenas intenciones y de los dudosos credenciales democráticos de quienes promueven esta iniciativa, hay dos razones para oponerse a ella. La primera es de carácter moral: esta ley restringe el derecho a la libertad de expresión y, al ser éste probablemente el derecho individual más importante de todos, esto se debe hacer siempre con sumo cuidado y en situaciones extremadamente excepcionales. La libertad de expresión representa el núcleo de nuestra convivencia democrática: todas las personas son iguales en dignidad y ninguna opinión, ninguna verdad individual, es más válida que la otra. Pensar que se puede distinguir de manera objetiva entre opiniones supuestamente válidas y expresiones negacionistas tal como se distingue entre el blanco y el negro es una visión infantil del mundo. Alguien va a tener que decidir cuáles son las ideas sancionables, cuáles son las verdades oficiales, y, tal como lo muestran los casos de Kreiten y Shostakovich, ese poder termina cayendo siempre en las peores manos posibles.
La segunda razón para oponerse a esta ley es de tipo pragmática: estas iniciativas no cumplen su cometido y terminan empeorando lo que pretenden arreglar. Cuando una expresión es ofensiva y equivocada, la mejor forma de combatirla es darle toda la visibilidad posible, exponer su absurdo y rebatirla de manera pública con ideas. Al restringirla y esconderla se le da fuerza, se le permite crecer en las sombras sin que argumentos opositores la alcancen. Además, la convierte en una supuesta víctima de represión, lo que le termina dando épica a ideas que deberían causar espanto.
Muchas veces se pone como ejemplo a países como Alemania, donde negar los hechos ocurridos durante el Holocausto está penado por ley, para defender el establecimiento de leyes contra el negacionismo. A este respecto tres consideraciones. Primero, no porque Alemania haga algo de una manera significa que esto sea automáticamente digno de imitar, tal como lo muestra, paradójicamente, el Holocausto. En segundo lugar, hay que tomar en consideración la excepcionalidad de las atrocidades cometidas durante el Tercer Reich de Hitler, pues se trata de una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad, superada solamente por los genocidios y horrores llevados a cabo por los regímenes comunistas. Por último, esta ley contra el negacionismo no ha impedido que surjan movimientos neonazis, más bien ha generado subculturas al margen de la sociedad donde personas perdidas, llenas de resentimiento y odio, terminan siendo seducidas por estos extremismos reprochables, sin que haya posibilidad de un contrapeso argumentativo: al estar prohibida la discusión abierta de estos temas, los seguidores de estas ideologías sólo conversan entre ellos y escuchan únicamente opiniones favorables a sus propias ideas.
La libertad de expresión es aquello que permite que una sociedad piense, es lo que posibilita que todos los individuos compartan sus ideas para abiertamente discutirlas y elegir de manera colectiva aquello que es mejor para todos. Restringir la libertad de expresión, por muy buenas que sean las intenciones detrás, no solo lesiona nuestra capacidad para crecer intelectualmente de manera conjunta en una democracia, sino que le otorga además la capacidad al Estado para oprimir a los individuos en lo que les es más esencial: sus ideas. Los artistas, que vivimos de la expresión de nuestras ideas, no podemos quedarnos al margen de esta discusión.
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